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Peru - Xstrata

En mayo de 2012 un grupo de ciudadanos peruanos fueron supuestamente gravemente heridos y detenidos ilícitamente por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante una protesta medioambiental en la mina de cobre Tintaya en la provincia de Espinar, Perú. Dos peruanos fueron matados a tiros por la PNP.   
 
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Cliente de Leigh Day
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Cliente de Leigh Day


En el momento de la protesta, la mina era propiedad de Xstrata Tintaya S.A (desde entonces ha pasado a llamarse Compañía Minera Antapaccay S.A.), una filial de Xstrata Limited con sede en Londres, que paso a formar parte de Glencore en 2013. La sede de Glencore se encuentra en Baar, Suiza. En mayo de 2013, varios de los heridos, y las familias de los fallecidos, autorizaron a Leigh Day para que presentara demandas civiles por indemnización contra Xstrata Limited y su filial peruana en la Alta Corte de Londres. 

Los demandantes alegan que la PNP, cuya asistencia a la protesta fue solicitada por la mina, empleó una fuerza excesiva contra los manifestantes, usó munición real, golpeó y pateó a manifestantes, los sometió a abusos raciales y les hicieron permanecer de pie durante periodos prolongados en posiciones de estrés en el frio helado. Varios de los demandantes fueron retenidos por la PNP en edificios dentro del complejo minero.

Los demandantes alegan que Xstrata sabía o debería de haber sabido, dado el historial, que la PNP tenía una propensión a usar fuerza excesiva. Xstrata pagó a la PNP y proporcionó a los oficiales comida y alojamiento. Los demandantes también alegan que Xstrata brindó a la PNP asistencia logística, incluyendo equipamiento y vehículos, alentó a la PNP a maltratar a los manifestantes, y que Xstrata fracasó en tomar las medidas suficientes para prevenir violaciones de derechos humanos.  

Las denuncias son rechazadas energéticamente por Xstrata, que sostiene que la protección de la PNP fue necesaria dado que miles de manifestantes, muchos armados con hondas tradicionales, avanzaban hacia la mina. Xstrata también sostiene que la PNP operaba independientemente y que Xstrata no tenía ningún control sobre la conducta de la policía. 




Originalmente, la filial peruana de Xstrata cuestionó la competencia de la Alta Corte y en 2014, los demandados intentaron que el caso fuera desestimado sumariamente; sin embargo, estas solicitudes fueron posteriormente retiradas. A lo largo de 2015 y 2016 las partes estuvieron involucradas en una serie de disputas sobre el alcance de las obligaciones de los demandados con relación a la revelación de documentos.

Tras una audiencia en julio de 2016, se divulgaron los correos electrónicos de un director de Xstrata [Charles Sartain] a su gerente senior de Sudamérica [Jose Marún]. Estos proponían un “approach muy directo, proactivo y fuerte” para enfrentar a los representantes de las comunidades a los se refirió como “hijos de puta”. 

En una audiencia en 2016 el juez, Sr. Justice Foskett, concluyo que ese correo electrónico era “claramente relevante y debía ser entregado” y que era “posible ver que los demandantes tendrían motivos para argumentar que las personas sometidas a la influencia [del Sr. Sartain] podrían estar preparadas para facilitar, a actuar en complicidad o si no fomentar los actos ilícitos de la PNP [Policía Nacional del Perú] si se establecen tales actos”. 

El caso está programado para un juicio completo acerca solo de la responsabilidad en junio de 2018.

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